La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, la conocida como Ley de Dependencia, establece un nivel mínimo y estándar de protección, definido y garantizado financieramente por la Administración General del Estado, un segundo nivel de protección fruto del acuerdo entre el Estado y cada una de las Comunidades Autónomas, financiado entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, mediante convenios para el desarrollo y aplicación de las demás prestaciones y servicios que se contemplan en la Ley, y un tercer nivel de protección que podrán implementar y financiar a su cargo las Comunidades Autónomas.
La Ley de Dependencia ha supuesto, desde su entrada en vigor, una de las medidas de mayor justicia social en España, dado que, por un lado, se protege a personas en situaciones adversas y, por otro, se reconoce la figura del cuidador, en su mayor parte mujeres mayores de 50 años que entregan su vida para atender a un familiar.
Se trata, del reconocimiento de derechos de ciudadanía que consolidan los servicios sociales como el IV pilar del Estado de Bienestar y universaliza servicios y prestaciones a más de un millón de personas. Por lo tanto, una Ley que apenas cuenta con 5 años de trayectoria respalda un derecho importantísimo en la cohesión social del país, pero, sin embargo, todavía nos encontramos ante un derecho frágil que tiene sus dificultades en la equidad.
Mediante el presente MANIFIESTO, los abajo firmantes le exigimos al Gobierno de España que dé marcha atrás a su bloqueo de la Ley durante el ejercicio 2012, medida que entendemos que afectaría sobre todo al siguiente nivel de personas que se beneficiaría este año de las prestaciones (Grado I Nivel II, dependientes moderados) y el retraso de un año en la atención a las personas valoradas con Grado I Nivel I.
Los firmantes entendemos que la aplicación de la Ley de Dependencia es innegociable, por cuanto protege a un colectivo especialmente vulnerable y contribuye a garantizar un pilar básico del Estado del Bienestar.
Además, queremos manifestar nuestro más absoluto rechazo a que esta decisión del Gobierno de España se haya tomado sin contar con el Consejo Territorial, ni los órganos de participación y asesoramiento que establece la Ley.. Se trata de una decisión que juzgamos poco meditada y cargada, por lo tanto, de fuertes dosis de improvisación.
Los abajo firmantes entendemos que Andalucía, comunidad que ha aplicado de forma notable la Ley de Dependencia, se ve claramente perjudicada por esta decisión que, además, no implica un ahorro económico que en absoluto la justifique. Lejos de esto, estamos profundamente convencidos de que hay que desterrar el término 'gasto social' para empezar a denominarlo 'inversión social'.
En la provincia de Málaga, como claro ejemplo de la importancia de esta Ley, más de 29.000 familias se benefician de estas prestaciones y se están prestando servicios clave como la Teleasistencia y la Ayuda a Domicilio, que también consolidan un nuevo sector de empleo.
En todo caso, la falta de detalle y de comunicación con las comunidades autónomas nos impide cuantificar exactamente los efectos de esta nefasta medida, que supone un retroceso en los derechos de ciudadanía conseguidos hasta ahora.
